El fin de un tiempo (III): El emperador está desnudo

 El mes de enero de 2021 se recuerda por dos cosas. Fue el mes del terror de la segunda gran ola de la COVID-19. Se contaron los muertos por millones en todo el mundo, siendo mayor el número de víctimas en ese mes que el total de todas las ocurridas hasta ese momento, y más que todas las que vendrían todavía en los meses sucesivos. 

La segunda razón por la que se recuerda a enero de 2021 es porque los Estados Unidos de América se convirtieron en un estado fallido, y en el lapso de poco más de una semana. Tras la frustrada elección de un presidente, y con la única posibilidad de una sucesión improbable que recayó en la persona del secretario de Estado en tanto no se encontrara un candidato firme a la sucesión, el país, que ya tenía los nervios a flor de piel, se vio envuelto en un recrudecimiento de la campaña de disturbios y atentados que lo azotaba desde hacía más de un mes. Mientras, los dos bandos mantenían su pulso en los tribunales, y los gobernadores de varios estados mantenían el suyo contra la Casa Blanca. Por primera vez desde la segunda guerra mundial, el ejército fue movilizado en territorio nacional y puesto en situación de alerta, y se hizo regresar al país a contingentes militares desde diversas misiones y bases en todo el globo. Canadá y México pusieron en alerta a sus respectivos ejércitos, y los desplegaron a lo largo de las fronteras con los Estados Unidos, y entre llamamientos al diálogo desde todas las instancias internacionales, el mundo contempló horrorizado por primera vez la posibilidad muy real de que el país que, para bien o para mal, sostenía el precario equilibrio global, tuviera que retirarse de la escena internacional.

Ante lo excepcional de la situación, el jefe del Estado Mayor del ejército, el general McConville, se vio obligado a emitir una declaración de adhesión a la Constitución, recordando a todas las partes implicadas sus obligaciones constitucionales, así como el papel del ejército como instrumento para garantizar el cumplimiento de la misma, y el papel del presidente de los Estados Unidos como comandante en jefe del ejército, con todas las facultades que ello implicaba. Sin embargo, aunque juiciosa, la declaración no pasó de ser una formalísima declaración de intenciones. La legitimidad democrática del presidente en ejercicio era contestada tanto por los candidatos en litigio como por unos gobernadores que, a diferencia del presidente, sí habían sido elegidos por sus respectivos estados. 

Dada la rebeldía declarada de algunos de los gobernadores demócratas a la federalización de sus fuerzas armadas, los estados de Alaska, Utah, Alabama, Misisipi, Luisiana y Texas decidieron también mantener el control efectivo de sus guardias nacionales. Además, en el caso de Texas, decidió dar cobertura a un cuerpo de milicias voluntarias que recogió a los distintos grupos paramilitares próximos al bando republicano. Su ejemplo pronto fue seguido por los demás estados republicanos, a los que no tardaron en sumarse varios estados del medio oeste. Paralelamente, comenzó una represión masiva de los movimientos combatientes del bando demócrata, y en Utah y Texas se empezaron a establecer campos de internamiento para "terroristas de extrema izquierda, agitadores, saboteadores y guerrilleros". El mismo procedimiento fue seguido por los estados de Nueva York, Michigan y Pensilvania, pero reprimiendo milicias republicanas, en su caso.

Tan sólo faltaba una línea roja por cruzar, y se cruzó el 6 de marzo, cuando sendos contingentes de las guardias nacionales de Illinois, Minesota y Michigan cruzaron la frontera de Wisconsin a petición del gobernador del estado para colaborar en la represión de grupos guerrilleros supuestamente apoyados desde Iowa. Los estados republicanos lanzaron un ultimátum a los estados demócratas y a la Casa Blanca. Y el presidente en funciones, invocando la cláusula de garantías constitucionales, pidió la intervención del Ejército para restaurar el orden. 

Y ante el requerimiento del comandante en jefe, y en cumplimiento del mandato constitucional, el ejército no pudo hacer otra cosa que intervenir. Iniciando, ahora sí, la segunda guerra civil de la historia de los Estados Unidos de América.